Tesis
Alrededor de la mitad de las muertes violentas del país ocurre en el Valle de Sula.
Resumen
El capítulo analiza la violencia, medida en muertes violentas por cada 100,000 habitantes, y la extorsión, que golpea la integridad de las personas, sus negocios y su decisión de migrar. La tasa nacional llegó a 85 antes de bajar a entre 38 y 41 en 2022; en todo el período, cerca de la mitad de los casos ocurrió en el Valle. En 2022, las denuncias por extorsión crecieron 153 %.
Propuestas del capítulo
- Fortalecer la capacidad y eficacia de la policía, la fiscalía, el poder judicial y el sistema penitenciario.
- Más efectivos, patrullas y operativos por cada 10,000 habitantes, con controles internos, transparencia e inteligencia.
- Más tecnología de vigilancia en centros urbanos, transporte, mercados y zonas de emprendimiento.
- Protección prioritaria a los más vulnerables, como tema de diálogo permanente con todos los gobiernos.
Transcripción del capítulo 06
Hoy hablamos de un tema delicado, la seguridad ciudadana, y me focalizo en aspectos que afectan directamente la vida de los ciudadanos en el Valle de Sula: la violencia, expresada como el número de homicidios por cada 100,000 habitantes, y la extorsión, que afecta no solo la integridad física de nuestros hermanos, sino también su forma de vida, sus empresas, sus emprendimientos y su fuente de ingreso.
La violencia en Honduras mostró un comportamiento creciente en el período [por confirmar], en el que pasó de 34 hasta llegar a 85 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Durante ese período, entre altas y bajas, el Valle de Sula representó siempre alrededor de la mitad de todos los casos. A partir de 2013, la tendencia comienza a bajar, hasta ubicarse en alrededor de 38 a 41 muertes violentas por cada 100,000 habitantes en el año 2022. De nuevo, la mitad de los casos sigue ocurriendo en los municipios del Valle de Sula.
Por otro lado, en 2022 las extorsiones en Honduras se incrementan en 153 % en comparación con el año 2021, alcanzando el segundo registro más alto de la década, con 1,824 denuncias. Se destaca no solamente la afectación económica de las víctimas, sino también el clima de temor que se apodera de sus vidas ante las actitudes de extrema violencia de quienes extorsionan, lo que incide sin lugar a duda en el incremento de la migración que hoy vivimos en el país.
¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Aunque parezca obvio y repetitivo, necesitamos mejorar la capacidad y la eficacia de las instituciones: la policía, la fiscalía, el poder judicial y las instituciones penitenciarias y correccionales. Mejorar sustancialmente los indicadores de efectivos policiales, patrullas y operativos por cada 10,000 habitantes es crítico para proteger a la ciudadanía, bajo un modelo que incluya controles internos que promuevan el buen servicio y la actuación transparente, con una mejora notable en los servicios de inteligencia.
Aumentar la carga tecnológica en los procesos de vigilancia es también un reto importante, sobre todo en los centros urbanos de nuestros municipios, en el transporte urbano, en los mercados y en los centros de concentración de emprendimientos. Proteger con especial énfasis a los más vulnerables debe ser prioridad. Por eso requerimos una intervención policial efectiva y suficiente, y ello debe ser tema de diálogo permanente con todos los gobiernos.
La seguridad ciudadana es un derecho que nos pertenece, y debemos buscar las formas de obtenerlo de parte de todas las instituciones con obligaciones en esta materia. El llamado es siempre a luchar por lo que nos corresponde como ciudadanos responsables, que queremos vivir en la patria a la que pertenecemos y a la que también nos debemos. Nos veremos en nuestro próximo encuentro, en el que comenzaremos a hablar de inclusión laboral y emprendimiento. Hasta entonces.